El peor error de su vida: recurre una multa de 43 euros y acaba pagando casi 3.000

A pesar de que muchos conductores echan pestes del régimen de sanciones de tráfico de España, los hay mucho peores en Europa. Por ejemplo, el sistema sancionador suizo es uno de los más temidos por su rigor y su enfoque en la capacidad económica del infractor. Mientras que las faltas leves se castigan con multas fijas de entre 40 y 260 francos (entre 43 y 283 euros), las infracciones graves activan un mecanismo de “días multa”, donde la cuantía final se calcula en función del patrimonio y los ingresos diarios del conductor, pudiendo alcanzar cifras astronómicas de hasta 3.000 francos (3.270 euros) por jornada.

A esta progresividad financiera se suma una tolerancia mínima, con márgenes de error de apenas 3 km/h, y una estructura judicial donde los costes administrativos y las tasas de tramitación suelen superar con creces el importe de la propia sanción si el conductor decide emprender una batalla legal sin éxito.

Lo cierto es que en el mundo de la seguridad vial, existen unas decisiones que se toman con el pie en el acelerador y otras, mucho más peligrosas, que se toman en los despachos. Esta es la historia de un conductor suizo cuya tenacidad jurídica ha terminado por costarle una pequeña fortuna. Lo que comenzó como un exceso de velocidad casi imperceptible se ha transformado, tras tres años de batalla legal, en una condena económica que roza los 3.000 euros.

Un radar y un margen de velocidad mínimo

Todo ocurrió en la localidad de Delémont. El protagonista circulaba por una vía limitada a 60 km/h cuando el destello de un radar interrumpió su trayecto. El dispositivo registró una velocidad de 64 km/h. En Suiza, la legislación es implacable: en zonas de menos de 100 km/h, el margen de error técnico que se resta es de apenas 3 km/h.

Tras aplicar la corrección, la cifra oficial quedó en 61 km/h. Es decir, un solo kilómetro por hora por encima del límite legal. La notificación no tardó en llegar al buzón del propietario con una cuantía de 40 francos suizos (unos 43 euros). Para cualquier ciudadano, habría sido un trámite molesto pero asumible; para él, fue el inicio de una cruzada personal.

El laberinto judicial de la “identidad desconocida”

El conductor, convencido de su impunidad o quizás movido por la testarudez, decidió impugnar la sanción. Su estrategia de defensa se basó en un argumento clásico: él no estaba al volante en el momento de la infracción. Sin embargo, se negó rotundamente a identificar quién manejaba el vehículo, esperando que el vacío informativo invalidara el proceso.

La justicia suiza no compartió su entusiasmo. Tras analizar la fotografía del radar, el juez de primera instancia concluyó de forma tajante que los rasgos del infractor coincidían plenamente con los del dueño del coche. Lejos de amedrentarse, el hombre elevó el caso al tribunal cantonal, manteniendo su postura de no revelar la identidad del “misterioso” conductor. Los magistrados, agotados ante lo que consideraron una maniobra para dilatar el proceso, impusieron una multa disciplinaria adicional por obstrucción y falta de cooperación.

Una factura final difícil de digerir

El resultado de este pulso contra el sistema ha sido desastroso para el bolsillo del automovilista. Al sumar la multa original, las sanciones por su actitud procesal y, sobre todo, las elevadas costas judiciales y honorarios de abogados acumulados durante tres años, la cifra final ha ascendido a 2.800 euros.

Y es que, en países con sistemas judiciales tan estrictos como el helvético, el derecho a la defensa es sagrado, pero el abuso de la litigiosidad puede salir muy caro. Con el dinero que finalmente ha tenido que desembolsar, este conductor habría podido pagar hasta 65 veces la multa original. Los medios suizos han concluido que, a veces, hay que saber dónde pararse y más si no se tiene la razón.