La controversia en torno a la aplicación de sanciones por no utilizar la baliza luminosa V‑16, obligatoria desde el 1 de enero de 2026, ha escalado en los últimos días debido a la divergencia de criterios entre el ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, y el director general de Tráfico, Pere Navarro. Mientras Interior defendió una etapa inicial de flexibilidad, la DGT insiste en que la norma se encuentra plenamente en vigor y debe aplicarse sin excepciones.
El último episodio de este desencuentro se produjo el miércoles pasado, durante la clausura de la jornada ‘Innovación Urbana. Movilidad Sostenible y Smart Cities’, cuando Pere Navarro reiteró que “en estos momentos, si un conductor se detiene y no coloca la V‑16, se le va a denunciar porque es obligatorio según la ley”.
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Sus declaraciones, realizadas a media mañana y recogidas por Europa Press, confirmaban que el periodo de adaptación no está amparado por ninguna instrucción formal y que la obligación es efectiva desde el primer día del año.
Flexibilidad con la V-16
Estas palabras contrastan con las declaraciones formuladas por Grande‑Marlaska apenas una semana antes. En una rueda de prensa celebrada el 8 de enero para presentar el balance provisional de siniestralidad vial de 2025, el ministro afirmó que las fuerzas policiales serían “flexibles y priorizarían la información sobre la sanción durante un periodo razonable”. No detalló fechas ni límites concretos, pero aseguró que el objetivo del Gobierno “no es recaudatorio, sino proteger vidas en la carretera”.
Este cruce de mensajes ha desencadenado confusión entre conductores y cuerpos policiales. La Asociación Unificada de Guardias Civiles advirtió que no existe ninguna orden escrita que autorice a los agentes a aplicar indulgencia. Su portavoz, Diego Madrazo, alertó de que la falta de directrices claras sitúa a los agentes ante la disyuntiva de “mirar hacia otro lado sin respaldo legal o sancionar a ciudadanos que creen estar en un periodo de gracia”.
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A la complejidad normativa se suma otro factor: pocos días antes de la entrada en vigor del dispositivo, la DGT retiró la homologación a varias balizas por cuestiones administrativas en las licencias de los fabricantes. No se trataba de fallos técnicos, pero el episodio añadió incertidumbre en un terreno ya cargado de dudas.
En paralelo, Interior insiste en la relevancia del dispositivo. Grande‑Marlaska ha recordado que 25 personas mueren cada año al descender del vehículo para colocar los antiguos triángulos de emergencia. La V‑16, visible hasta un kilómetro y conectada a la plataforma DGT 3.0, busca reducir esos riesgos sin necesidad de abandonar el habitáculo.
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