La ciudad que va a quitar sus radares porque “se utilizan para generar ingresos, no para mejorar la seguridad”

Los radares son ya un elemento que forma parte del paisaje urbano e interurbano de la mayoría del mundo. Las cámaras están repartidas por todo el territorio para vigilar el tráfico, controlar la velocidad y poner multas, entre otras cosas. Imaginarse un lugar sin ellos es complicado, especialmente si se trata de una ciudad grande, pero es precisamente lo que quiere hacer una de las urbes más importantes del mundo.

Se trata de Washington D.C., la capital de los Estados Unidos, para la que el Departamento de Transporte de la administración Trump acaba de registrar una nueva propuesta: eliminar las cámaras de control de tráfico de las calles de su ciudad.

Su trayectoria en el lugar es muy dilatada, ya que las primeras cámaras, que controlaban quién se saltaba los semáforos rojos, se instalaron por primera vez en 1999. Desde entonces, su número ha crecido hasta alcanzar los 546, que ponen multas cuya cuantía oscila entre los 100 y los 500 dólares, dependiendo de la infracción.

El debate respecto a estos dispositivos es el de siempre. Mientras que algunos consideran que ayudan de manera efectiva a mejorar la seguridad en las calles y carreteras, otros consideran que su fin principal es recaudatorio.

Lo segundo es algo que resulta difícil de negar atendiendo a las cifras en Washington D.C.: en 2023 generaron 139,5 millones de dólares en ingresos, la cifra subió en 2024 hasta los 213,3 millones y el pasado 2025 alcanzó su máximo con 267,3 millones.

Opiniones divididas

La propuesta ha dividido a la población y a sus representantes. La alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser, está en contra de la eliminación, ya que argumenta que son “una herramienta fundamental para salvar vidas y hacer nuestras calles más seguras”. Sin embargo, también pone de relevancia que suprimirlas crearía un déficit de 1.000 millones de dólares en el plan financiero de D.C., lo que supondría un problema añadido.

En el bando opuesto, el representante Scott Perry, es muy crítico, señalando que “la aplicación automatizada de las normas de tráfico se utiliza para generar ingresos, no para mejorar la seguridad. Ciudades como Washington, D.C., que dependen de los ingresos procedentes de la aplicación automatizada de las normas de tráfico para equilibrar sus presupuestos, demuestran que esta política no se centra en la seguridad de los residentes y visitantes; se trata de desplumar a las personas sin representación ni un proceso justo”.