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El deterioro prolongado de las carreteras españolas ha llevado a la organización dedicada a la defensa de los conductores Dvuelta a poner a disposición de cualquier automovilista un modelo de reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración. El documento pretende facilitar a los usuarios la presentación de quejas formales cuando sufran daños derivados del mal estado de las vías.
Según la entidad, esta iniciativa responde a una situación que califican de “alarmante”, tanto por la degradación visible de numerosos tramos como por la ausencia de un plan efectivo de mantenimiento por parte de los organismos responsables.
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Las empresas de conservación de carreteras cifran en 5.000 millones de euros las necesidades de inversión en España Su portavoz, Pedro Javaloyes, denuncia que “es intolerable que las carreteras españolas estén en un estado tan lamentable cuando la automoción aporta casi 40.000 millones de euros anuales al Estado”. Añade que, con menos de una fracción de esa cantidad, en torno a 1.000 millones, “las vías estarían perfectamente mantenidas”.
1.415 euros anuales por conductor
En España circulan 28,1 millones de conductores, que aportan cada año 39.838 millones de euros en impuestos y tasas vinculados a la automoción, según datos de ANFAC citados por Dvuelta. La organización calcula que esto supone 1.415 euros por conductor, es decir, unos 118 euros mensuales destinados a las arcas públicas.
Pese a ello, el debate sobre la implantación de peajes adicionales continúa sobre la mesa. Javaloyes considera que esta posibilidad es un “insulto a la inteligencia de millones de españoles que ya han pagado sobradamente por usar unas carreteras que se caen a pedazos”. Y recuerda que la lista de tributos asociados a la movilidad es extensa: impuestos de compra y matriculación, gravámenes sobre el combustible, seguros obligatorios, ITV o el impuesto municipal de circulación, entre otros.
Deficiencias estructurales y accidentes mal clasificados
La organización insiste en que la falta de mantenimiento “entra en el terreno de la responsabilidad civil”. Baches capaces de provocar reventones, señalización desgastada, arcenes intransitables o barreras de seguridad oxidadas forman parte de un catálogo de deficiencias recurrentes en múltiples carreteras.
Sin embargo, cuando se producen accidentes, Dvuelta afirma que rara vez se reconoce la influencia del estado de la vía. “La DGT lo atribuye a velocidad inadecuada”, apunta la entidad, que denuncia una “opacidad intolerable” en la estadística oficial. Según sus críticas, los siniestros causados por baches, gravilla suelta o asfalto deteriorado se asignan sistemáticamente a factores del conductor, ocultando así la magnitud real del problema.
Exigencias a la DGT y al Gobierno
Dvuelta reclama a la Dirección General de Tráfico que utilice sus competencias para exigir mejoras urgentes en la red viaria, en lugar de actuar como “una simple correa de transmisión dedicada a recaudar y culpar a los conductores”. Aseguran que el silencio del organismo ante el deterioro de las infraestructuras “es cómplice”.
Asimismo, la organización exige una explicación al Gobierno sobre el destino de los casi 40.000 millones de euros recaudados cada año. Critican que el deterioro de una carretera es un fenómeno progresivo y perfectamente predecible, por lo que consideran que la ausencia de planificación revela “una gestión negligente e irresponsable”.
Un derecho para cualquier automovilista afectado
Dvuelta anima a los ciudadanos a presentar reclamaciones patrimoniales siempre que sufran daños relacionados con el mal estado de las vías. El modelo ofrecido por la entidad está diseñado para que cualquier conductor pueda completarlo y presentarlo sin necesidad de abogado. Recomiendan acompañar la solicitud con todas las pruebas posibles: anotaciones de Guardia Civil o policía competente, fotografías, vídeos, facturas o informes periciales.
A juicio de la organización, el volumen de reclamaciones podría convertirse en un factor de presión capaz de impulsar una reacción por parte de la Administración. “No podemos seguir aceptando esta situación ni permitir que nos traten como una fuente inagotable de ingresos mientras nos niegan lo más básico: carreteras seguras y en buen estado”, afirma Javaloyes.
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