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La v otación sobre la rebaja de la tasa máxima de alcoholemia, prevista para la Comisión de Interior del Congreso de este miércoles, llega en un clima de tensión política que amenaza con frustrar una reforma respaldada por asociaciones de víctimas, expertos en seguridad vial y el propio Ministerio del Interior. Ante el riesgo de que la iniciativa descarrile, las principales entidades de víctimas han pedido a los grupos parlamentarios que “dejen de lado la polarización” y voten a favor de una medida que consideran esencial para reducir la siniestralidad vial.
El origen de esta propuesta se remonta a 2024, cuando el PSOE, a iniciativa de varias asociaciones de víctimas, registró en el Congreso una proposición de ley para rebajar la tasa máxima de alcohol al volante de 0,50 a 0,20 gramos por litro de sangre, es decir, de 0,25 a 0,1 miligramos por litro en aire espirado.
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Grande-Marlaska pide que se olviden las “pugnas partidistas” para rebajar la tasa de alcoholemia La iniciativa fue tomada en consideración en marzo de 2025 y las enmiendas se cerraron dos meses después, pero el texto ha permanecido bloqueado desde entonces por desacuerdos entre distintos grupos.
Con la votación ahora inminente, las asociaciones han lanzado un último llamamiento. Aesleme ha lamentado que algunos grupos están “intercambiando peticiones ajenas a la seguridad vial” a cambio de apoyar la reforma, pese a saber que es beneficiosa para la sociedad.
La organización considera que España está en condiciones de dar “un paso más” hacia la eliminación del alcohol en la conducción, recordando que la opción del “cero absoluto” no es viable por los falsos positivos asociados a alimentos, medicamentos o bebidas sin alcohol. Por ello, defienden que la rebaja a 0,20 es “el punto pragmático”.
Stop Accidentes se ha expresado en la misma línea. Su vicepresidente, David Pérez de Landazábal, ha alertado de que “la polarización política amenaza con echar por tierra una oportunidad histórica”. Si la reforma se frustra, “se perderá una ocasión irrepetible de avanzar en la lucha por reducir los siniestros”. Y ha lanzado un mensaje directo a los diputados: “Salvar vidas no tiene color político. Quienes voten en contra deberán explicárselo a las más de 70.000 familias que han perdido a un ser querido en los últimos 25 años”.
El contexto no deja lugar a dudas sobre la urgencia del cambio legal. En 2024, el 48,2% de los conductores fallecidos en siniestros de tráfico y sometidos a autopsia dieron positivo en alcohol, drogas o psicofármacos. El informe sobre la materia del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses refleja que un 23% superaba una tasa de 1,20 g/l, más del doble del límite actual. Y en 2025, según datos de Interior, el 34% de los conductores fallecidos en carretera había consumido alcohol. Hubo 1.119 muertos en siniestros de tráfico en vías interurbanas.
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¿Los motoristas ya pueden ir por el arcén? Alcoholemia, prohibido usar WhatsApp y otras reformas que la DGT tiene en marcha En este escenario, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reclamado este miércoles al PP en el Congreso que apoye la reforma. Según sus palabras, se trata de una medida “para salvar vidas”, respaldada por todas las asociaciones de víctimas y expertos en seguridad. “Hay libertad para conducir, pero responsabilidad y consumo cero de alcohol cuando se ejerce una actividad de riesgo”, ha recordado. Y ha enviado un mensaje directo a los diputados populares: “Miren a las víctimas de la violencia vial a la cara y mantengan ese no”.
La votación, sin embargo, no está garantizada. Aunque la proposición de ley superó su primer trámite con la abstención del PP y el rechazo de Vox, los populares ya han adelantado, según algunas fuentes, que ahora votarán en contra. ERC, por su parte, condiciona su apoyo al aumento del número de examinadores en Cataluña, una reclamación que el Gobierno considera ajena al contenido de la ley. Si ambos partidos rechazan la reforma, la propuesta quedará derrotada.
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