El Supremo marca un antes y un después: condena por conducir un patinete eléctrico que corría como un ciclomotor

La Justicia confirma la multa a un conductor y aclara cuándo estos vehículos pasan a considerarse ciclomotores con consecuencias penales.

Patinete eléctrico trucado
Patinete eléctrico circulando. | Getty Images

Controles regulares y una etiqueta resistente que permita identificar de forma inmediata si un vehículo de movilidad personal cumple las exigencias legales para circular en España. Con este planteamiento, la asociación de centros de inspección AECA-ITV lleva meses defendiendo la creación de una ITV específica y periódica para patinetes eléctricos y aparatos equivalentes, en la que se verifique, por ejemplo, que no superan el límite de 25 km/h marcado por la normativa vigente.

Ahora la justicia les da la razón en solicitar este tipo de inspecciones al dictar sentencia sobre el conductor de un patinete trucado que alcanzaba los 45 km/h. Quienes promueven esta propuesta ponen el foco en el aumento de accidentes relacionados con patinetes eléctricos. Según un estudio reciente de la Fundación Mapfre, al menos 14 personas fallecieron en 2024 en siniestros de tráfico en los que participaba algún Vehículo de Movilidad Personal (VMP), lo que supone un incremento del 18% respecto al año anterior.

Estos dispositivos se han extendido con rapidez en las ciudades y, según la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal, el número de unidades en circulación se aproxima hoy a los cinco millones. A pesar de ello, AECA-ITV advierte de que “aún no existe un marco regulatorio que permita verificar su estado técnico y garantizar su seguridad durante toda la vida útil del vehículo”.

Patinetes eléctricos trucados

Uno de los objetivos de esta futura inspección es “detectar posibles modificaciones o alteraciones de los componentes de los VMP” que permiten excesos de velocidad desmesurados, por encima, incluso, de los 100 km/h. Estas alteraciones están detrás también de algunos “incendios que han causado fallecidos, lesionados y daños económicos cuantiosos”. Algunas ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Palma de Mallorca los han prohibido en sus medios de transporte público tras múltiples casos de explosiones espontáneas.

Desde 2024, la Dirección General de Tráfico exige un certificado de homologación a estos vehículos, pero la patronal de las inspecciones da un paso más y ha elaborado un manual de inspección para VMP que incluye más de 30 puntos de revisión.

Si esta idea sale adelante, los inspectores verificarían que la velocidad del patinete está entre los 6 y los 25 kilómetros por hora, como exige el reglamento de vehículos de la DGT, y que los frenos y el alumbrado funcionan correctamente, entre otros elementos. También será clave comprobar el estado de la batería y su voltaje, así como el mantenimiento del cableado o de la carrocería que los protege. 

Primera sentencia sobre un VMP

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un conductor de Barcelona que circulaba con un patinete eléctrico trucado capaz de alcanzar los 45 km/h, una velocidad propia de un ciclomotor y no de un vehículo de movilidad personal. La sentencia, que rechaza el recurso del implicado y ratifica una multa de 2.160 euros por conducir sin permiso, fija una pauta clara: cuando un patinete supera los límites técnicos establecidos —potencia y velocidad—, deja de ser un simple VMP. Y esa distinción, subraya el alto tribunal, tiene consecuencias penales directas.

La resolución, dictada el 17 de noviembre de 2025, se apoya en la doctrina previa del propio Supremo y en la normativa europea que separa con precisión ambos tipos de vehículos. El caso, originado tras un control policial en 2021, sirve como advertencia para un mercado en expansión donde proliferan modelos modificados o de altas prestaciones. Para la Sala de lo Penal, la apariencia no basta: si un vehículo cumple las características de un ciclomotor, debe tratarse como tal y exige licencia. El fallo refuerza así una línea jurisprudencial que influirá en futuros procedimientos y en la forma en que policías y jueces evalúan estos dispositivos en las ciudades.

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