Cruzar una avenida principal de Valencia se convirtió en una ruleta rusa durante casi una semana. Un fallo crítico en el grupo semafórico de la avenida Doctor Manuel Candela mantuvo encendidas las luces verde y roja para peatones al mismo tiempo, lanzando señales contradictorias en un entorno de alto tráfico.
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Esta anomalía técnica, lejos de ser un incidente aislado, ha desembocado en una contundente sentencia judicial que castiga la negligencia de la empresa de mantenimiento con una sanción de 45.000 euros por poner en riesgo la integridad de los ciudadanos.

Un fallo crítico de cinco días
Lo cierto es que la precisión en la gestión del tráfico urbano es una cuestión de seguridad pública, no un mero detalle administrativo. En noviembre de 2023, la red vial de Valencia experimentó una de sus incidencias más peligrosas en años. El cruce entre la avenida Doctor Manuel Candela y la calle Santos Justo y Pastor se convirtió en un punto negro de confusión: el semáforo peatonal indicaba la orden de detenerse y la de avanzar de forma simultánea.
La primera alerta oficial quedó registrada el 14 de noviembre de 2023 a las 6:45 horas. A pesar de la gravedad del aviso, la avería se prolongó de forma inexplicable. Aunque la empresa adjudicataria del contrato de Gestión Inteligente del Tráfico, Electronic Trafic S.A., notificó que se habían realizado labores de reparación, una inspección municipal efectuada el 18 de noviembre confirmó que el sistema seguía ofreciendo lecturas erróneas.
Fueron cinco jornadas consecutivas en las que peatones y conductore s convivieron con una infraestructura que falló en su función más básica: evitar accidentes.

Desestimada la defensa de la concesionaria
La batalla legal ha sido intensa. La compañía responsable intentó impugnar la sanción de 45.000 euros impuesta por el Ayuntamiento de Valencia, argumentando que no hubo una demora prolongada, sino dos averías independientes resueltas en plazo. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado estas alegaciones en su sentencia del 26 de febrero de 2026.
El tribunal fundamenta su decisión en el informe de la Sección de Regulación de la Circulación, el cual demuestra que existió una única incidencia técnica que nunca llegó a solventarse correctamente. Los magistrados subrayan que la empresa no aportó pruebas técnicas de peso que contradijeran la versión municipal.
La sentencia destaca, además, que la ambigüedad en la señalización de un paso de peatones de alto tránsito constituye una falta de extrema gravedad que justifica plenamente la cuantía de la penalidad.

Consecuencias jurídicas
El fallo del TSJCV no solo confirma la multa principal, sino que impone a la empresa el pago de 2.500 euros adicionales por las costas procesales. Este caso sienta un precedente sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas en el ámbito del tráfico de las ciudades. La justicia deja claro que la notificación de una reparación no es suficiente si esta no se traduce en una solución real y efectiva en el asfalto.
A día de hoy, el cruce de Manuel Candela opera con normalidad, aunque la sentencia todavía admite un último recurso de casación en los próximos días. Sin embargo, el respaldo de dos tribunales distintos a la tesis del Ayuntamiento refuerza la idea de que la seguridad vial no admite interpretaciones. La movilidad urbana del futuro exige una vigilancia férrea de los contratos públicos para evitar que los errores se conviertan en tragedias.
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