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La escena podría parecer un exceso de ciencia ficción si no fuera porque ocurrió de verdad. Un conductor fue interceptado en un control nocturno y, tras una primera actuación policial, la historia dio un giro inesperado apenas unas horas después, en la misma ciudad y ante la misma patrulla.
Lo que comenzó como una infracción grav e terminó convirtiéndose en un desafío directo a la autoridad. La segunda intervención no solo agravó la situación inicial, sino que cerro cualquier posibilidad de recuperar el permiso de conducir en el futuro inmediato.
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Los hechos tuvieron lugar en la ciudad italiana de Rimini durante un dispositivo preventivo contra la siniestralidad vial. En uno de los puntos de verificación, los agentes dieron el alto a un turismo y sometieron al conductor a la prueba de alcoholemia.
El resultado fue contundente, 1.55 gramos por litro en sangre, una cifra que en Italia constituye delito penal. La retirada del carnet fue inmediata y el caso quedó en manos de la autoridad judicial. El vehículo, al no pertenecer al infractor, fue entregado a otra persona habilitada para conducirlo.
El regreso más inoportuno
La sorpresa llegó poco después en otra calle cercana. La misma patrulla reconoció el coche y comprobó que quien iba al volante era, de nuevo, el hombre al que acababan de retirarle el permiso.
Ante el requerimiento policial, se negó a repetir la prueba de alcoholemia. Esa negativa, sumada al hecho de conducir con el carnet retirado, desencadenó en una consecuencia todavía más severa, la revocación definitiva del permiso. En la práctica, eso implica empezar desde cero si en algún momento desea volver a conducir.
Una noche con más incidentes
Entre ellas, la de otro conductor que dio 0,90 g/l y cuya licencia también fue retirada. Tras solicitar fotografiar su documento antes de entregarlo, lo ocultó en el interior del vehículo. Los agentes tuvieron que realizar un registro para recuperarlo, añadiendo a la acusación inicial otra por apropiación indebida del documento.
¿Qué ocurriría en España?
En España, un resultado de 1,55 g/l superaría el umbral penal fijado en el artículo 379 del Código Penal, que establece delito a partir de 0,60 mg/l en aire espirado o 1,2 g/l en sangre. Las consecuencias podrían incluir multa, trabajos en beneficio de la comunidad o incluso pena de prisión, además de la retirada del carnet entre uno y cuatro años.
Si, además, el conductor volviera a circular tras la retirada cautelar del permiso, se enfrentaría a un nuevo delito por quebrantamiento de condena o medida cautelar, por lo que podría ir a prisión. Negarse a repetir la prueba supondría otra infracción penal independiente, equivalente a la máxima por dar positivo, además, de desobediencia grave a agentes de la autoridad.
En un escenario así, la acumulación de delitos podría derivar en antecedentes penales y en la obligación de superar nuevamente exámenes teóricos y prácticos una vez cumplida la sanción. La legislación española contempla, además, la pérdida total de puntos y la necesidad de realizar cursos de sensibilización antes de volver a examinarse.
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