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Una de las funciones principales de las aplicaciones de navegación es alertar a los conductores sobre la presencia de radares y controles de tráfico, algo que también se comparte con frecuencia en numerosos grupos de WhatsApp.
Aunque la ley de tráfico no contempla sanciones por proporcionar este tipo de avisos, la ley de seguridad ciudadana sí permite actuar contra quienes difunden determinadas informaciones relacionadas con operativos policiales.
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Cuidado si te dicen que tienes una rueda pinchada: el testimonio de una joven que aparcó su coche en esta zona de Madrid Compartir la ubicación de los radares fijos es completamente legal, ya que estos dispositivos están señalizados y la propia Dirección General de Tráfico publica su localización exacta de manera oficial. La situación cambia cuando se trata de los móviles: en este caso, la DGT sólo informa sobre los tramos de carretera donde pueden situarse, pero evita ofrecer el punto exacto en el que se ubican para mantener su carácter aleatorio.
El ‘método gallego’
Tanto la DGT como la Guardia Civil han advertido que difundir la ubicación concreta de los radares móviles o de los controles aleatorios puede facilitar que algunos conductores incumplan la normativa. Esto incluye circular bajo los efectos del alcohol o las drogas, conducir vehículos sin seguro e, incluso, eludir la detección mientras se cometen delitos que no están necesariamente vinculados a la seguridad vial.
Este hábito de avisar de manera sistemática sobre la posición de radares móviles y controles se ha popularizado bajo el nombre de ‘método gallego’. El motivo de esta denominación es sencillo: las primeras sanciones impuestas en España por difundir estas informaciones se produjeron en Galicia, a raíz de investigaciones centradas en grupos locales.
Las primeras sanciones de España
El Sector de Tráfico de Galicia recurrió al artículo 36.23 de la ley de seguridad ciudadana para justificar dichas sanciones, aplicándolo a la difusión masiva de estos avisos.
En dicho artículo se considera infracción grave el uso de imágenes o datos personales o profesionales de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando ese uso pueda comprometer la seguridad de los agentes, la de sus familias, la de las instalaciones o el éxito de operaciones en curso.
Las sanciones recayeron sobre una empresa responsable de gestionar una aplicación y sobre un particular de A Coruña que administraba varios grupos de WhatsApp. Esos grupos sumaban más de 15.000 usuarios y publicaban en tiempo real la ubicación de los controles desplegados en la zona de la Costa da Morte.
La resolución, emitida por la Subdelegación del Gobierno de A Coruña, concluyó que esos avisos podían afectar directamente al éxito operativo de los controles establecidos. Por este motivo, tanto la empresa como el particular fueron sancionados económicamente por la difusión continuada de esta información.
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